Era una mujer norcoreana de unos cuarenta años que fue arrestada en Daegu por intentar pasar datos personales de unos veinte refugiados norcoreanos que residen actualmente en distintas ciudades de Corea del Sur a través del consulado de Corea del Norte en China. Aunque la fiscalía solicitó cuatro años de prisión para esta mujer la sentencia se redujo a dos años. Si leemos hasta aquí empezaríamos a demonizarla y tratar de pedir explicación sobre sus actividades pasadas. Y más que fue una de decenas de miles de personas que atraviesan todo el continente chino hasta llegar a Sudeste Asiático con el destino final que es Corea del Sur.
¿Como pudo hacer algo parecido? Tras ver una parte, pero importante, de su confesión con la polícia surcoreana el régimen norcoreano la intimidó utilizando la seguridad de su familia que aún está en Corea del Norte para que mandara información personal de los refugiados. Tuvo contactos telefónicos con el consulado norcoreano y parece que estuvo a punto de coger un avión con los documentos para partir hacia China pero decidió dar marcha atrás y confesar su intento a la policía. Entonces es esta vez cuando los miembros de la seguridad preguntan que hacer con ella.
Finalmente es condenada por elaborar la recogida de esos datos y no por intentar entregar al régimen norcoreano. Pero desgraciadamente esto es la triste realidad en la península. Y el régimen norcoreano sabe aprovechar de la desesperada situación de las familias separadas norcoreanas cuando el culpable real de todo este panorama es la élite política de Corea del Norte que no ha sabido escuchar durante décadas las necesidades más básicas y urgentes de la población. Para librarse de la culpa, ellos realizan otra estrategia bastante absurda: culpar a países que no tienen relación alguna con estos sucesos pasados.
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