La avalancha de los desertores llegados a Corea del Sur, principalmente visible desde el año 2000 y tras escuchar gracias a ellos la realidad de la sociedad norcoreana, ha hecho que una unión de asociaciones pidiera al Ministerio de Reunificación una ley que respalde y que promueva los derechos humanos de los norcoreanos que están encarcelados en campos de concentración. Además se ha propuesto una Comisión de Investigación de Derechos Humanos de Corea del Norte e informar a los países vecinos (China, Tailandia, Mongolia y Japón), zonas donde se concentran los disidentes, sobre la situación de la violación de sus derechos más básicos. En Japón, esta cooperación judicial ha sido bien aceptada. En Tailandia y en Mongolia fueron aceptadas parcialmente y en China, hasta la actualidad, sin notoriedad alguna.
Este proyecto de ley se sugirió en la decimoséptima legislatura de Corea del Sur pero fue aplazada hasta la siguiente legislatura por carencia de tiempo. Muchos residentes norcoreanos en Corea del Sur muestran su apoyo unánime en este proyecto. Ven en este propósito un hilo de esperanza a favor de millones de personas que sus libertades son vulneradas de forma incesante. Este proyecto ha hecho desatar la ira de los dirigentes norcoreanos utilizando la amenaza como arma principal. Desde el bando norcoreano consideró que esta ley era promovida por unos delincuentes y que desestabilizaba aquella "sociedad perfecta". Las discusiones y las peleas llegando a "las manos" entre políticos para que el aprobado final de esta ley sea una realidad son infinitas. Mientras muchos dan la bienvenida a esta idea, otros batallan para que esto dé paso atrás.
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