A veces, los artículos sobre Corea del Norte crean confusión entre los lectores

 

Esta semana se publicó un artículo en un medio de habla hispana sobre el consumo de un ave específico, por parte del régimen norcoreano, para minimizar los efectos de la crisis alimentaria persistente en Corea del Norte. Sin embargo, al intentar verificar dicha noticia en los medios de comunicación oficial del país, parece que este dato no aparece o es que esta publicación haya sido el resultado de una confusión, una traducción incorrecta o directamente una mala praxis periodística. 

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El derecho a saber

 Pongamos un ejemplo. La española. Después de la muerte de Franco, comenzó la transición elaborando una Constitución (el de 1978) a favor de la población que no paraba de preguntar el concepto de la democracia. Este documento, que es de carácter público, es accesible en Internet o simplemente adquiriendo en las bibliotecas y librerías de todo el país. El derecho a saber nuestras jurisprudencias más básicas es imprescindible en estados donde la democracia se practica en cierta normalidad. Pero, ¿que ocurre en Corea del Norte? Si la teoría del socialismo se basa en la igualdad en todos los aspectos, ¿se aplicaría también en el derecho de saber las leyes más básicas que dice en la Constitución Socialista de la República Democrática Popular de Corea? Muchos de los que he entrevistado ni siquiera han sabido hasta entonces el término "Constitución".

 A pesar de que el índice del analfabetismo roza la nulidad en Corea del Norte, de la cual se enorgullece de una manera bastante exagerada el régimen norcoreano, el acceso de los libros de carácter oficial es totalmente restringida a una gran mayoría de su población ya que los artículos que están en aquellos libros están contradiciendo lo que aplica en realidad a la población. Entonces ya hace décadas utilizaron la estrategia de no contar los derechos que tienen la población suya. Solamente propaganda. Por ejemplo, en el artículo 25 de la Constitución norcoreana dice que "el estado tiene la obligación de dar la condición adecuada para poder subsistir a toda su población". Y muchos de los supervivientes de la hambruna se enteraron cuando llegaron años después en Corea del Sur o en terceros países.

 Lo que caracteriza la práctica de la dictadura es esconder una gran parte de la verdad a su población e imponer la política del miedo. En el caso de Corea del Norte, poner en marcha el artículo ya mencionado ha sido el reparto de alimento básico a los habitantes pero la lenta reacción del régimen ante los sucesos que ocurrían a finales de los años 80, su pésima gestión y las condiciones negativas a nivel climatológico ha condenado a la desgracia a nivel macro causando uno de los acontecimientos más desconocidos pero catastróficos como la hambruna en los mediados de los años noventa. Y para no poder hacer frente a las protestas internas de la población, desde entonces, ellos siguen implantando el pánico y el derecho al olvido de las leyes más básicas dentro de su territorio.

Decretos a favor de la protección (Parte 7: Japón)

Imagen: Ministerio de Justicia japonés

 Japón fue el primer país asiático que mostró su preocupación por los asuntos de violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte y de los secuestros constantes de sus ciudadanos cometidos por el régimen norcoreano. La elaboración de la ley número 96 puesta en la fecha de 23 de junio de 2006 fue un paso grande para proteger a sus ciudadanos y a los desertores norcoreanos que llegaron a Japón de forma clandestina. La ley consta de siete artículos que se divide en: propósito, responsabilidades del estado, responsabilidades de las administraciones locales, el incremento de los abusos de los derechos humanos en Corea del Norte, elaboración del informe anual, la inclusión del fortalecimiento de los vínculos internacionales y la imposición de medidas a Corea del Norte en caso de que la situación de las violaciones de los derechos humanos no muestran signos de mejoría. 

 En el artículo 1, se habla sobre la elaboración de la ley mediante de la adopción de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte con el fin de resolver el asunto de los secuestros y otros asuntos de violaciones de los derechos fundamentales, profundizar la conciencia pública mediante la comunidad internacional y la promoción de dicho ley. 

 En el artículo 2, se habla sobre los constantes secuestros cometidos por el régimen norcoreano y que los culpables de estos actos serán juzgados mediante el derecho penal japonés. También con esta ley, garantiza la protección de los japoneses contra el atentado del derecho a la vida. 

 En el artículo 3, se especifica la cooperación del estado con las administraciones locales del país para denunciar la violación de los derechos humanos y que dicho acto llegue a la opinión pública. 

 En el artículo 4, se muestran su preocupación sobre los abusos de los derechos humanos de los norcoreanos y con esta ley trata de profundizar y analizar los actos cometidos por el régimen y denunciar ante los organismos internacionales. 

 En el artículo 5, se muestra la importancia de elaborar el informe anual para hacer frente el problema de las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte y presentar al Parlamento japonés. 

 En el artículo 6, se habla de estrechar lazos con gobiernos extranjeros u organizaciones internacionales y la cooperación de investigación internacional en caso de que ocurra el secuestro de los ciudadanos japoneses o cuando se muestre claramente un acto de violación de derechos humanos. 

 Y en el artículo 7, se garantiza la adopción de medidas necesarias en caso de que Corea del Norte no muestre signos de mejoría en la materia de los derechos humanos. 

 Mientras en Corea del Sur las peleas y los insultos verbales apoderan los informativos y que hace retrasar una ley que garantizaría una protección de miles de refugiados, Japón ya ha proyectado una ley garantista haciendo omiso a las amenazas posteriores de Corea del Norte. 

 Nota: Hace varios meses, la embajada japonesa situada en Pekín había renunciado a proteger a los refugiados norcoreanos por la advertencia de China y por temor de los futuros conflictos diplomáticos entre ambos países.